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Amalia Pando denuncia acoso del Gobierno y pide protección a la CID

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La connotada periodista dijo que las instancias nacionales no garantizan el respeto a las leyes, pese al mandato constitucional, y que por esa razón acudió a la instancia internacional de la OEA.

 Amalia Pando, con 35 años de trayectoria en el periodismo, dijo sentirse “amenazada” de ser enviada a la cárcel por el Gobierno tras las advertencias lanzadas por el vicepresidente Álvaro García Linera y el ministro Juan Ramón Quintana; por esta razón pidió protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington. “He pedido protección a la CIDH, que depende de la Organización de Estados Americanos, he pedido protección en mi labor periodística, no sé si me la concedan, pero creo que es un derecho que tengo ante la cadena de amenazas del Gobierno, amenazas de procesarnos y meternos presos”, dijo Pando, una de las más connotadas periodistas del país. La solicitud fue planteada por Pando, pero también está firmada por Roxana Lizárraga, coordinadora de su programa Cabildeo, y el presentador de televisión Carlos Valverde, quien fue el primero en lanzar la información de la relación entre el presidente Evo Morales y Gabriela Zapata y sobre la existencia de un certificado de nacimiento de un supuesto hijo de ambos.

Primero el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo que "un cártel de la mentira" está conformado por la agencia ANF, la red Erbol y los diarios Página Siete y El Deber, pero también identificó a los periodistas Pando, Andrés Gómez, Carlos Valverde y Raúl Peñaranda como periodistas que hacen un trabajo de desestabilización. La semana pasada el Vicepresidente advirtió que "no habrá perdón" para quienes difundieron esa "mentira" y amenazó con cárcel contra representantes de medios de comunicación. Las asociaciones de periodistas rechazaron estas acusaciones y amenazas. Pando, quien dijo que no dejará el país como lo hicieron Wilson García, sobre quien existe una demanda del ministro Quintana, y Carlos Valverde, que buscó refugio en Brasil. “Yo no me iré, aquí estaré, pero me siento amenazada como Wilson y Carlos y como muchos periodistas que todos los días cubrimos bajo la amenaza de ser detenidos, amenazas que son públicas de dos más poderosos personeros, el ministro de la Presidencia y el Vicepresidente”, sostuvo en su programa de este lunes que se difunde por radio Líder. La periodista se mostró esperanzada por la decisión que pudiera dictar la CIDH respecto de su pedido de medidas cautelares que busca “alejar el peligro” que se cierne sobre la labor periodística. 

La periodista teme porque se intente involucrar a los periodistas a través de los detenidos del caso Morales-Zapata. “El Gobierno puede utilizar a algunos de los detenidos que, a cambio de su libertad, pueden emitir una acusación en contra nuestra, involucrándonos en actividades de conspiración y las cosas que el Gobierno pueda inventar para involucrarnos en algún delito penal y no de prensa”, insistió. Reprochó que el Gobierno considere “un delito” toda investigación que afecte la imagen del presidente Evo Morales y de su administración gubernamental. “Para el Gobierno la libertad de expresión es un delito, cualquier cosa que afecte la imagen del Presidente y del Gobierno”, dijo. 

Dijo que recurrió a la CIDH debido a que, en su criterio, las instancias nacionales no ofrecen las garantías para hacer respetar los derechos de las personas y de los periodistas. “Es evidente que las instancias nacionales, la Policía, la Fiscalía, que deberían ser entes independientes, se ha constado que a través del Fiscal General del Estado es el aparato represor del Gobierno, pero también los jueces, no hay juez que no pueda plantarse ante el Gobierno. Todos los jueces le tiemblan al Gobierno y hacen lo que él quiere”, denunció la periodista.  

Dijo que si al Gobierno “se le ocurre meternos presos, pues lo va a hacer. De este temor deriva la necesidad de recurrir a una Corte Internacional para pedir protección legal, porque nuestro propio sistema no nos lo puede dar. La Constitución me protege, pero ningún juez puede hacer cumplir la Ley. Entonces, tenemos que recurrir a la CIDH”, afirmó. 

Pando comentó que el caso Zapata adquirió relevancia periodística por las dos vetas de interés del pueblo boliviano: presuntos hechos de corrupción y tráfico de influencias, y la existencia de un supuesto hijo del Presidente. Difícilmente cree que serán investigados en esta administración gubernamental. Precisó que en esta historia todo sigue siendo “presumiblemente” ya que la verdad de los hechos no ha logrado conocerse. Los únicos protagonistas fueron el presidente Morales y su expareja Zapata, quien fue gerente comercial de la empresa china CAMC que se adjudicó en contratos más de 500 millones de dólares. 

Fuente:ANF 

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