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Fiscalía ordena aprehensión de empresarios investigados por el caso mochilas chinas

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Foto: Lostiempos Foto: Lostiempos

El Ministerio Público en Cochabamba emitió órdenes de aprehensión en contra de los representantes de la Asociación Accidental 26 Febrero, María René Ramírez, parte de la empresa MANE Comp y en contra de Néstor García, representante legal de dicha asociación, por la compra de mochilas escolares y útiles de esta gestión con presunto sobreprecio. Así lo informó la Fiscalía Departamental de Cochabamba a la agencia de noticias ABI.

 

El fiscal departamental de Cochabamba, Óscar Vera, informó que los representantes legales de las empresas MANE Comp. y MSPC SRL. fueron citados para emitir su declaración informativa el 25 de abril, pero que no se presentaron, incurriendo en un acto de desobediencia a la justicia y a las leyes.

“Son dos personas contra quienes se ha emitido la orden de aprehensión debidamente fundamentada”, explicó Vera.

Ambas empresas están implicadas en los casos mochilas I y II por el supuesto favorecimiento y sobreprecio denunciados por la concejala masista Rocío Molina y luego por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, respecto a las compras de más de 180.000 bolsos con útiles escolares adquiridos en contratos similares de 2017 y de 2018.

Por estos dos casos se investiga al alcalde de Cochabamba, José María Leyes, segundo vicepresidente de Demócratas, el partido del gobernador cruceño, Rubén Costas. Leyes ya fue imputado en el caso mochilas I por el presunto sobreprecio del lote de 91.000 mochilas chinas adquiridas en 2018, que fueron compradas por más de 2 millones de bolivianos en ese país asiático por una importadora, pero que fueron adquiridas por el municipio a más de 12 millones de bolivianos, según el Ministerio de Justicia y Transparencia.

Sobre los empresarios, el fiscal Vera dijo que la Policía tiene la orden de buscar a ambas personas en todo el país para su captura; esto con el fin de que comparezcan ante la comisión de fiscales que investigan el caso. Tres semanas atrás, las oficinas de MANE Comp. y de MSPC SRL  en Santa Cruz fueron precintadas por orden de la Fiscalía.

“Cuando no se puede ejecutar una orden de aprehensión se solicita la declaratoria de rebeldía, se emiten los mandamientos de aprehensión correspondientes ya por la autoridad jurisdiccional y también se activan los criterios de búsqueda en diferentes partes del país y también a nivel internacional”, explicó el fiscal.

El Ministerio Público solicitará también la información migratoria de los dos representantes legales de la asociación.

El 2 de abril, la concejala del MAS Rocío Molina presentó una denuncia formal contra la Alcaldía de Cochabamba, tras señalar un supuesto sobreprecio en la adjudicación de mochilas escolares por Bs 12,4 millones.

La audiencia de Leyes

Por su parte, ayer la Sala Penal Tercera fijó para mañana, a las 8:30, la audiencia de apelación a las medidas cautelares del alcalde José María Leyes, que guarda detención domiciliaria por el caso Mochilas I y que no puede asistir a la Alcaldía ni tener contacto o hablar con los demás funcionarios del municipio.

El 21 de abril, en audiencia de medidas cautelares, el juez anticorrupción Luis Fernando Pérez determinó para Leyes la detención domiciliaria con custodia policial, pago de una fianza de Bs 200.000, arraigo y la prohibición de asistir a la Alcaldía.

El 24 de abril, el abogado Alberto Trigo presentó la apelación a la decisión del juez cautelar y explicó que la defensa de Leyes solicitó su libertad irrestricta. Entre tanto, el Concejo Municipal, que deberá sesionar mañana, ha pospuesto la elección de un alcalde sustituto de entre los ediles a fin de que se conozca primero la determinación de la justicia frente a la apelación.

Además, la Fiscalía solicitó a la Unidad de Imagen de la Alcaldía de Cochabamba, dependiente de la Secretaría Ejecutiva, información sobre los diseños que se insertaron en las mochilas escolares en 2017 y 2018 (Cochabamba, ciudad de Todos; Tierra de campeones o Ciudad que sorprende),  ante la sospecha de una presunta filtración, dijo ayer la concejala Rocío Molina.

Juez admite la objeción del alcalde de oruro contra la querella en su contra 

El juez Sergio Vásquez admitió la objeción planteada por el alcalde municipal de Oruro, Édgar Bazán, en contra de la querella que interpuso, en condición de víctima, el ciudadano Severo Tórrez por el caso mochilas chinas de Oruro. El juez estableció que el querellante no tiene una personería jurídica o un poder que lo faculte para representar a la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) en su acusación por la compra de 41.000 mochilas con supuesto sobreprecio y, por tanto, según el Código de Procedimiento Penal, no puede constituirse en ‘víctima’.
Pero el juez le dio a Tórrez un plazo de tres días -a partir de la fecha- para que demuestre que tiene personalidad jurídica para constituirse como víctima y querellante.

En la audiencia, que se realizó de 9:30 a 12:00, los abogados del alcalde alegaron que Severo Tórrez tampoco cumplió con otra formalidad: su nombre es Severino Tórrez Pinaya, según la certificación del Servicio General de Identificación Personal (Segip), y no Severo Tórrez.
Tórrez no supo aclarar si su nombre real es Severo o Severino, aunque dijo que ese detalle era un asunto “subsanable”. Además, dijo que la querella la planteó como ciudadano, pues se identificó como dirigente.

Bazán dijo que el juez le dio la razón. “El que ha incumplido el contrato es el adjudicatario de las mochilas, Marco Murillo, a quien hemos iniciado la querella por incumplimiento de contrato al traer mochilas chinas en vez de fabricarlas en Bolivia”, dijo Bazán. 

Fuente:eldeber

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