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Envían a prisión al representante legal de la empresa que vendió las mochilas

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Envían a prisión al representante legal de la empresa que vendió las mochilas

En una audiencia que duró cuatro horas y media, Néstor García Maygua, representante legal de la asociación de empresas 26 de Febrero, que vendió 91.000 mochilas chinas y material escolar por 12,4 millones de bolivianos a la Alcaldía de Cochabamba, fue enviado preventivamente a la cárcel de San Sebastián varones, acusado por delitos de enriquecimiento ilícito y contratos lesivos  contra el Estado.

 

El procesado, en enero de 2018 suscribió, junto con el alcaldeJosé María Leyes y la secretaria de desarrollo humano, Andrea García, el contrato para la adquisición del material escolar.

Durante la audiencia, el juez justificó su decisión porque consideró que la Fiscalía comprobó los riesgos de fuga y obstaculización, principalmente porque el imputado fue citado y no asistió a declarar, y la Fiscalía emitió en su contra una orden de aprehensión para obligarlo.

Su abogado defensor, Fernando Santiváñez, lamentó que el magistrado no hubiera tomado en cuenta que, pese a eso, su defendido se presentó el viernes a declarar de forma voluntaria y se allanó a la indagación.

García no pudo acreditar domicilio fijo, debido a que la dirección que tenía en su carné de identidad mencionaba la calle, pero no el número de su casa, así que no se tomó en cuenta la numeración que reportó la defensa, pese a que se presentó a un testigo que aseveró que vive en la misma casa.

El abogado Santiváñez admitió que su cliente no tiene un trabajo estable. “A sus  61 años, sólo puede llevar sustento a su familia con labores transitorias”.

El Ministerio Público acusó a García por la presunta comisión de dos delitos: el de enriquecimiento ilícito y el de contratos lesivos al Estado por el caso de la adquisición de mochilas. Los acusadores señalaron durante la audiencia que hubo sobreprecio de casi 10 millones.

“Mi cliente vive en una condición tan precaria, que no hemos podido sustentar descargos para evitar su detención”, explicó el jurista contratado por el acusado. Consideró que su prioridad fue estar a derecho, “prácticamente se ha entregado y eso no se tomó en cuenta”, replicó su abogado patrocinante.

Este medio intentó tener la visión del viceministro de transparencia, Diego Jiménez, sobre este caso, pero la autoridad se excusó en dos oportunidades y señaló que se encontraba en una reunión, y luego ya no contestó su celular.

El caso

El abogado de García señaló que efectivamente es representante legal del dueño de la empresa accidental 26 de Febrero, Juan de Dios Morales, y que también suscribió el contrato en esas condiciones.

Sin embargo, aseveró que el representante legal no conocía en absoluto que el convenio que firmaba por encargo de Morales iba a generarle este problema con la justicia, que ahora lo dejará tras las rejas.

La defensa explicó en la comparecencia ante el juez cautelar que “era un mandatario y que actuó en mérito a un poder que le fue entregado, y que no tenía conocimiento del supuesto sobreprecio ni de ilegalidad alguna”. Como prueba se presentó el poder notarial y constitución de sociedad de la Sociedad 26 de Febrero, “que demuestra que él comenzó sus actuaciones el 15 de diciembre del año pasado”.

Santiváñez aseguró que su cliente no tenía conocimiento de los pormenores del contrato. “Actuaba como un tramitador. Él nunca importó, no tiene un NIT, alguna vez viajó a Argentina, pero no tiene ni pasaporte”.

Como descargo, advirtieron que “aprovechándose de su necesidad, Morales lo contrató por Bs 3.000, suma que nunca pagó, para que realice los trámites, diciéndole que vivía en Santa Cruz y que no podía ir a Cochabamba”. Además, la defensa presentó el celular del imputado, con el registro de mensajes de voz en las que el empresario propietario de la asociación le explicó, el día de la firma, cómo ingresar a la Alcaldía y a quién buscar. “Eso tampoco se consideró”, dijo el abogado.

El fiscal de distrito de Cochabamba, Óscar Vera,  señaló que “García firmó el contrato e hizo todas las gestiones ante la Alcaldía de Cochabamba para consolidar finalmente la adjudicación en favor de la Asociación 26 de Febrero, denotándose así su efectiva participación en el hecho investigado”, apuntó.

Fuente:Eldeber

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