La Fiscalía está en el proceso de la anotación preventiva y el congelamiento de cuentas de los dos últimos alcaldes cruceños antes de Jhonny Fernández: Angélica Sosa y Percy Fernández. Ambos son investigados en el caso ítems fantasmas. Además, entre solo cinco acusados hay más de 20 bienes inmuebles anotados y una docena de vehículos.
La comisión de la Fiscalía anticorrupción, integrada por su coordinador, Javier Cordero y las fiscales Marcela Terceros y Yolanda Aguilera, espera la certificación de los bienes de ambas exautoridades y el certificado de sus cuentas para proceder con ambas medidas precautorias.
Sosa, quien dejó el cargo de alcaldesa interina hace siete meses, pasó de ser testigo a denunciada esta semana. La exautoridad, en su declaración inicial como testigo, mencionó que los concejales de la pasada gestión pedían cargos a Antonio Parada Vaca y que el exalcalde Percy Fernández firmaba los contratos.
Por su lado, con 82 años y sin aparecer públicamente hace más de dos, antes del inicio de la pandemia de coronavirus, Percy fue incluido en la investigación como acusado recién hace dos días.
Ambas exautoridades ya tienen alerta migratoria, por lo que no pueden salir del país. El Ministerio Público alista la citación a declarar para ambas exautoridades, esta vez como acusados.
“Esperamos que el juez ratifique la medida de retención de fondo de los primeros denunciados y se seguirá con este procedimiento con los demás acusados”, explicó la fiscal Aguilera.
Jerjes Justiniano, abogado de Sosa, consideró que ningún juez puede autorizar la anotación preventiva de bienes de su defendida porque no existen los indicios “mínimos de autoría de delito”.
“Si existe algún tipo de medida restrictiva, nosotros sí vamos a hacer valer nuestros derechos a través de recursos legales. Considero que si se llega a disponer la anotación preventiva sería un exceso por parte del Ministerio Público”, cuestionó Justiniano.
Los primeros en ser incluidos como acusados en este caso ya tienen anotación preventiva de sus bienes y el congelamiento de cuentas. Se trata de los hermanos Guillermo, Merisabel y Antonio Parada y de los exfuncionarios Javier Carrasco y Javier Cedeño.
Aún se espera que Mery Balcázar, esposa de Julio César Herbas, el único con detención preventiva en Palmasola, y acusada de ser el nexo de la red en una cooperativa financiera, certifique sus propiedades para proceder a la anotación preventiva de sus bienes y congelar sus cuentas.
Entre solo cinco acusados hay cerca de 20 propiedades inmuebles, entre casas, lotes y parqueos y más de diez vehículos, con anotación preventiva. Antonio Parada tiene registradas 13 propiedades inmuebles: una casa en un condominio privado, dos departamentos, cinco lotes, cuatro parqueos y una baulera. Además, se evidenció que tenía seis motorizados. Guillermo, en cambio, tiene registrado un lote y seis vehículos. Mientras que su hermana Merisabel anotó un departamento.
Carrasco tiene anotados cinco inmuebles, entre estos una casa y el resto lotes; y Cedeño dos viviendas, un lote y dos vehículos.
Bienes anotados
Parada igual figura como acusado en otro caso de similar procedimiento, aunque en la Caja Nacional de Salud (CNS) filial La Paz. Ayer, en la sede de Gobierno, la fiscal Lupe Zabala confirmó que Parada tiene anotación preventiva de sus bienes y congelamiento de sus cuentas por el caso también de ítems fantasmas en la aseguradora pública.
Según información extraoficial brindada por el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, el principal acusado de este caso estaría en suelo brasileño.
Por su parte, Guillermo Parada, de quien también se desconoce su paradero, contaría con un solo inmueble y seis vehículos: cuatro comprados entre 2015 y 2017.
Cedeño, exfuncionario de la Alcaldía cruceña y también con paradero desconocido, igual tiene anotación preventiva de varios inmuebles y vehículos.
Marcelo Aliaga, abogado de la diputada Estefanía Morales, que figura como denunciante, indicó que solo entre los hermanos Guillermo y Antonio hay más de 20 vehículos y unos diez inmuebles que ya están anotados preventivamente; es decir, aún pueden habitarlos, pero no así venderlos.
“De demostrarse los hechos ilícitos que se investigan, esta anotación preventiva puede derivar en reversión de la propiedad y pasar a favor del Estado”, resaltó Aliaga a tiempo de insistir que la Fiscalía debe solicitar una auditoría para establecer el monto del daño económico en este caso.
“Tenemos conocimiento que son vehículos de lujo e inmuebles de alto valor, pero no tenemos aún el valor del total de estos inmuebles”, agregó el jurista.
Actualmente la investigación está en etapa preliminar y se toma declaraciones a exfuncionarios. Fueron citados los 42 secretarios de las últimas gestiones de Percy Fernández y del interinato de Sosa. Algunos ya declararon, entre estos el exsecretario de Recaudaciones y Gestión Catastral (SER), Joaquín Crapuzzi, quien desde ayer figura como investigado.
Para hoy a las 15:00 está citada a declarar Balcázar, quien desde esta semana es investigada.
Otras dos personas llegaron ayer al Ministerio Público como testigos. Ellos mencionaron similar proceder de los anteriores testigos para el funcionamiento de ítems fantasmas. Aunque en un periodo distinto del que abarca actualmente la investigación: 2014 a 2018.
El abogado de uno de ellos, Giovanni Encinas, afirmó que su cliente sí fue funcionario municipal de 2000 a 2010; sin embargo, luego de ser retirado siguió figurando como servidor entre septiembre y noviembre de 2014.
El abogado contó que su defendido se enteró de esta situación debido a que intentó beneficiarse del retiro de ahorros de la AFP.
Encinas agregó que una situación especial que reportaron en la Fiscalía es que su cliente cuando oficialmente era funcionario solo aportaba Bs 149 a la AFP, pues tenía un cargo operativo con bajos ingresos; no obstante, según el extracto, cuando ya no trabajaba el aporte llegaba hasta Bs 3.000, por lo que estiman que figuraba de forma irregular en un cargo jerárquico. “Se hizo dos reaperturas de la cuenta de mi cliente en la cooperativa y él no asistió”, aseguró el abogado.
El otro testigo que llegó hasta la Fiscalía aseguró que a él le ofrecieron un vehículo a cambio de prestar su nombre para un ítem fantasma. Esta persona afirmó que no aceptó y meses después se dio cuenta que tenía aportes a la AFP desde la Alcaldía cruceña. Contó que él, cuando era funcionario, realizaba trabajo político y se reunía con distintas autoridades en un local conocido como “Los amigos de Percy”.
/El deber
