Tras el allanamiento de tres inmuebles particulares como parte de la investigación sobre un supuesto sobreprecio en la compra de un terreno para el vertedero municipal, el fiscal designado del caso, Alberto Zeballos, en contacto con ‘La Revista’ de Unitel, informó que son cuatro los delitos que se estarían investigando a las exfuncionarias municipales Sandra Velarde e Indira Suárez, quienes estarían involucradas en el supuesto sobreprecio porque se debía pagar 1 dólar por metro cuadrado pero se cuadruplicó el precio a 5 dólares.
El martes se procedió a los allanamientos ordenados por la jueza anticorrupción Albania Caballero. Estos operativos se realizaron en los domicilios de la exsecretaria de Administración y Finanzas, Sandra Velarde Casal, la exdirectora municipal de Planificación, Rubí Indira Suárez Subirana, y el particular investigado por la venta del terreno, Fabián Egüez Hurtado.
“En todos estos actos se ha podido recolectar elementos de convicción para conducir a la verdad histórica de los hechos, vale decir, documentación, CPUs, entre otros documentos que serán analizados para verificar su utilidad y pertinencia en la investigación”, señaló Zeballos.
La anterior gestión municipal habría pagado un aproximado de 10 millones de dólares por el terreno donde está ubicado el vertedero municipal. Se trata de 200 hectáreas en inicialmente se habría acordado pagar 1 dólar por metro cuadrado, sin embargo, más adelante este precio habría sido modificado.
“En primera instancia, dentro de las actas de conciliación que se pactaron entre el municipio y los particulares propietarios del terreno había un precio establecido de un dólar por metro cuadrado, pero posteriormente, en una nueva conciliación, se acuerda un precio de 5 dólares por metro cuadrado. Esos son los hechos para realizar los estudios periciales correspondientes a través de un avalúo técnico que nos pueda conducir a la verdad de los hechos”, apuntó el fiscal.
Son cuatro los delitos por los que se investiga a las exfuncionarias municipales Velarde y Suárez, mientras que al particular Egüez se lo investiga por un solo delito. Zeballos los describe como conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y el presunto delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. “Evidentemente hay un apoderado legal que ha suscrito contratos con el municipio, ha recibido los cheques o montos que habrían pactado y además ha participado en las diferentes actas de conciliación con el municipio. A quien sería propietario de los terrenos se investiga por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado”, puntualizó.
Zeballos no descarta que en las próximas horas o días se cite en calidad de testigos a los exconcejales de la pasada gestión municipal que hubiesen participado en la aprobación de la ley autonómica municipal que garantizó la compra de este terreno. Incluso, indicó que se podría citar al exalcalde Percy Fernández.
“Por el momento se van a analizar todos los documentos y objetos que han sido secuestrados el día de ayer y no se descarta emitir citaciones testificales a los concejales para contar con su versión y corroborar los hechos de la denuncia”, concluyó.
/El deber
