Junto con el ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, Rolando Borda, trabajan cinco personas de su entorno familiar en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), tal como lo denunció el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuéllar.
Según la denuncia del legislador, los familiares del titular sindical de los trabajadores, son su esposa (G.F.) que desempeña funciones en YPFB Transportes; su hija (D.B.) quien está en YPFB Andina, su hijo HRB, un hermano G.B. que cumple labores en YPFB Refinación y otro hermano F.P. en YPFB Transportes.
“Como diputado nacional y vicepresidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña solicito una Petición de Informe al presidente de YPFB, Armin Dorgathen, de los contratos de la familia del señor Rolando Borda y desde qué año están declarados en comisión informó Cuéllar la jornada de ayer en contacto con los medios.
Asimismo, anunció que presentará una acción penal hoy en la Fiscalía departamental por daño económico al Estado y legitimación de ganancias ilícitas.
El diputado del MAS también está pidiendo el contrato y el monto del sueldo que percibe Rolando Borda y desde qué año está en comisión y la resolución de su renuncia del 20 de noviembre de 2019 y conocer si tenía goce de haberes tras su dimisión.
Sugerirá al Ministerio Público la detención preventiva del actual dirigente de la COD y la anotación preventiva de los bienes muebles e inmuebles y las cuentas bancarias, de sus hermanos, esposa e hijos.
Cuéllar apuntó que la demanda se ampliará contra el secretario ejecutivo de la Federación de Fabriles de Santa Cruz, Juan Carlos Torrico y contra el secretario ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos, Osmar Cabrera Tapia, quienes estarían vinculados a Borda, “por lo que se evidencia nepotismo y corrupción y considera que hay daño económico al Estado”.
La denuncia surge después de que Borda anunciara la toma de la Caja Nacional de Salud (CNS) la semana pasada.
EL DEBER fue a la COD para conversar con Borda y trató de comunicarse varias veces para conocer su respuesta ante la demanda del diputado Cuéllar, pero nunca contestó su teléfono móvil.
Hasta cuatro años de cárcel
El primer vicepresidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Félix Oros, dijo que en relación al nepotismo, la Constitución Política del Estado (CPE) en su artículo 236, numeral romano III, establece que son prohibiciones para el ejercicio de la función pública: nombrar en la función pública a personas con las cuales se tenga parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. “Se adecua al artículo 154 del Código Penal del subtítulo de Abuso de Autoridad, sobre el delito de incumplimiento de deberes, que sostiene que el funcionario público ilegalmente omitiere, rehusare, hacer o retardare, algún acto propio de su función, incurrirá en reclusión de un mes a dos años, pero que se puede agravar y ampliar a cuatro años”, resaltó.
También menciona el artículo 157 de la mencionada normativa penal, que se refiere a los nombramientos ilegales, que a la letra dice “que será sancionado con multa de 30 a 100 días el funcionario público que propusiere en terna o nombrare para un cargo público a persona que no reuniere las condiciones legales para su desempeño”.
Por su parte, el exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinacelli, lamentó que desde hace más de 30 años, YPFB ha sido manejada como “una fábrica de empleos para militantes o simpatizantes del partido en función de Gobierno, por lo que considera que debería ser una empresa privada”.
“Veo una imperiosa necesidad de que el presidente de YPFB debiera ser electo por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), de acuerdo a su capacidad profesional y que sus funcionarios -sin excepción- deberían ingresar por concurso de mérito”, destacó.
Fuente: El deber
