El Ministerio Público emitió una orden de aprehensión en contra del exalcalde de la ciudad de la Paz, Luis Revilla, por presuntas irregularidades en la compra de los buses Pumakatari. Este proceso está impulsado por el dirigente vecinal y militante del MAS Jesús Vera.
Vera estaba en la cárcel acusado por la quema de 66 buses Pumakataris durante los conflictos de 2019, pero una vez que Luis Arce asumió la presidencia la justicia lo liberó.
Desde la asunción al poder de Arce, la persecución contra diferentes actores de oposición es una práctica habitual. El gobernante MAS utiliza a la Fiscalía, dirigentes vecinales, campesinos, asambleístas, además de autoridades, para iniciar procesos contra autoridades, exautoridades dirigentes cívicos, pero cuando hay hechos que involucran a sus afines muestra pasividad.
Lejos de los procesos que inició contra exautoridades transitorias, el MAS promueve una serie de procesos contra los que protestaron en contra de determinadas situaciones o normativas, con el objetivo de acallar o amedrentar a los que osan cuestionar al gobernante.
En los últimos meses del pasado año varios sectores se movilizaron en demanda de la abrogación de Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo.
Por este motivo, el Ministerio Público de Tarija presentó una imputación contra el gobernador de Tarija Óscar Montes; el alcalde de Cercado Johnny Torres; el presidente del Comité Cívico, Adrián Ávila Resse, y contra el ejecutivo del autotransporte, Gabriel Pérez, por los presuntos delitos de “instigación pública a delinquir y separatismo”.
El proceso fue abierto a denuncia del ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (Fsucct), Aldo Velásquez.
Recordar que en primera instancia, Wilson Tito renunció al cargo de fiscal departamental, debido a presiones para imputar a los cívicos y a las autoridades.
En su reemplazo se posesionó a Sandra Gutiérrez, exsecretaria de Justicia de Lino Condori, exministra de Justicia de Evo Morales, que dio luz verde para las demandas.
Por su parte, el diputado por el MAS Hernán Hinojosa presentó una demanda contra el presidente del comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, por funciones que desempeñaba en la Caja Petrolera de Salud
Los supuestos delitos de los que se lo sindica son ejercicio indebido de la profesión, incumplimiento de deberes, contribuciones y ventajas ilegítimas del servidor público.
De manera paralela, los diputados del MAS Estefanía Morales y Gualberto Arispe, por separado, demandaron al presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz por discriminación, racismo y “ultraje” a la wiphala.
En el proceso de Morales se contempla también al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
Exalcalde de La Paz tiene orden de aprehensión
Una Comisión de Fiscales emitió orden de aprehensión en contra del exalcalde de la ciudad de la Paz, Luis Revilla, por la compra de buses Pumakatari.
Revilla es investigado por la comisión de los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes y otros establecidos en el Código Penal, indica el mandamiento de aprehensión fechado el 24 de enero.
La Fiscalía aclaró que la orden está en el marco del artículo 224 del Código de Procedimiento Penal, por lo que el sindicado sólo será aprehendido para declarar y después se puede ir.
Al respecto, el dirigente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz, Jesús Vera, dijo en Bolivia TV que “nos hemos anoticiado en horas de la tarde de que se ha emitido este mandamiento de aprehensión con fines de que Luis Revilla sea conducido al Ministerio Público”.
La Fejuve es la entidad denunciante en este caso junto a la Procuraduría General del Estado. El Ministerio Público citó a Revilla para que el lunes presente su declaración en el caso de los buses Pumakatari.
El 18 de octubre de 2021, la Fejuve presentó una denuncia ante la Fiscalía en contra de Revilla por daño económico al municipio.
La Fiscalía investiga los procesos de contratación, adjudicación y recepción de buses desde la gestión 2012 hasta 2020. Revilla y otros cinco exfuncionarios municipales están implicados en este presunto acto de corrupción.
Según Vera, en la compra de los buses Pumakatari existió un sobreprecio superior a los 26 millones de bolivianos.
Gobierno defiende a sus autoridades investigadas
Autoridades que responden al Movimiento Al Socialismo (MAS) y que en incurren en ilícitos son favorecidas e incluso las denuncias que pesan sobre estas son ignoradas.
En los últimos días se conoció que la Gobernación de Potosí compró 41 ambulancias por contratación directa y no por licitación. Los vehículos debían ser entregados a diferentes municipios de esa región, como se anunció en septiembre de 2021, cuando se lanzó la convocatoria, pero los motorizados no arribaron al país. Lo extraño es que existe una nota de recepción definitiva de los motorizados. La dotación de las 41 ambulancias fue adjudicada por 20,5 millones de bolivianos.
En los documentos en el Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes) están las firmas del gobernador Mamani y al menos 11 funcionarios de la Gobernación potosina.
El ministro de Justicia, Iván Lima, salió en defensa del gobernador potosino al señalar que visitó el ministerio y entregó toda la documentación para que se investigue, además apuntó la responsabilidad a subalternos, al indicar que no se desembolsó ni un centavo.
Anteriormente, el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, y el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental fueron acusados de acarrear gente para confrontar a los manifestantes que rechazaban la ley 1386.
/Los tiempos
