El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, informó ayer que, tras realizar una inspección técnica al puente clandestino sobre el río Parapetí, en Santa Cruz, se evidenció delitos ambientales en la construcción de la obra e incumplimiento de deberes por parte de la Gobernación.
“La Gobernación no realizó la debida fiscalización a la obra ni antes ni después de su construcción, iniciada el año 2020. Hay incumplimiento de deberes al no cumplir la Ley del Medio Ambiente y la Constitución”, dijo.
En esa línea, señaló que el espacio donde se construyó el puente es un sitio “Ramsar”, con humedales protegidos internacionalmente por ser considerados cuna de diversidad biológica, es decir, uno de los entornos más productivos del mundo y refugio de varias especies de flora y fauna.
“Estos sitios Ramsar son humedales que están protegidos, y sobre este lugar se han realizado terraplenes de acceso a este puente, por lo tanto, ya existe un daño al medioambiente”, agregó.
“Con mucha claridad, lo tengo que decir, se enoje quien se enoje: aquí la responsabilidad es de la Gobernación cruceña, porque si no había la denuncia, nadie se iba a enterar, y el señor Camacho iba estar de viaje en viaje, departamento en departamento, supuestamente buscando el federalismo”, dijo la autoridad.
“Si con las autonomías departamentales no pueden manejar la institucionalidad y los derechos que tiene el medioambiente, los derechos que tienen todos los cruceños, como será, digo yo, realizando otras actividades, descuidando las necesidades que tienen los pueblos indígenas y pueblo en general”, declaró Montaño. /Los tiempos
