El grupo de juristas independientes y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) entregaron una serie de documentos, con pruebas, al relator especial de la ONU sobre independencia judicial, Diego García-Sayán, sobre la falta de independencia y de imparcialidad de la justicia boliviana, y esperan que tenga una posición objetiva. La oposición en la Asamblea Legislativa denunció que el oficialismo los excluye del encuentro que tendrán hoy.
El exalcalde de La Paz y abogado Juan del Granado explicó que en el encuentro trasmitieron al Relator la crítica situación en que se encuentra la administración de justicia en el país.
“Con especial énfasis en la falta de independencia, en la ‘degradación’ de la gestión y de la administración judicial por la inexistencia de una verdadera división de poderes y por el lamentable ejercicio autoritario, no solamente de este gobierno sino de los gobiernos anteriores desde el año 2006”, señaló.
El constitucionalista José Antonio Rivera expresó que la justicia está en terapia intensiva, con altos índices de corrupción investigados no sancionados, la mala calidad del servicio.
“El problema y la alta injerencia en la selección y designación de jueces que se traduce en una falta de lealtad a quienes los han elegido, reflejan una parcializada, una justicia no independiente, hemos tocado fondo”, manifestó.
Conade
El economista y miembro de Conade Lucio Gonzales señaló que se entregó un documento al Relator sobre todo lo que acontece con la justicia.
“Un documento con pruebas sobre la falta de independencia e imparcialidad de la justicia boliviana. Este señor viene a escuchar y ver si efectivamente guarda la independencia respecto al Gobierno, esperemos que tenga una actividad objetiva”, manifestó.
Acotó que esperan que dé un informe que refleje la realidad.
“Después de dos semanas, vamos a ver si ha sido un Relator internacional objetivo. Esperemos no vernos frustrados por su trabajo y que sea profesional”, indicó Gonzales al señalar que hay dudas debido al accionar del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que brindaron un informe a pedido del Gobierno.
“La mayoría de estos representantes están alineados a los intereses de algunos Estados del denominado socialismo del siglo XXI”, mencionó.
Exclusión
Para este miércoles, se tiene prevista una reunión de García-Sayán con los presidentes de las cámaras legislativas, con asambleístas de las comisiones de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, y la comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de ambas instancias.
Sin embargo, los senadores del bloque de oposición, miembros de las comisiones de Constitución y de Justicia Plural en el Senado no fueron notificados para el encuentro con el Relator Especial, por lo que prevén que buscan que la audiencia se realice sólo con oficialistas.
“Esto por sí mismo constituye no sólo una vulneración, sino una prueba del sesgo con el que el Gobierno maneja las situaciones en Bolivia, tratando de acallar las voces de una oposición que está perseguida y que ahora pretende ser silenciada frente a este Relator que tiene que cumplir una tarea importante en Bolivia”, dijo la jefa de bancada de Creemos en el Senado, Centa Rek.
El senador por Comunidad Ciudadana (CC) Rodrigo Paz aseguró que la presencia en Bolivia del relator especial, poco o nada contribuirá para resolver la crisis judicial.
Sostuvo que García-Sayán no verá los problemas de fondo de las grandes mayorías de la población.
Los documentos detallan las vulneraciones de Evo
El documento que entregó el grupo de juristas independientes que buscan la reforma de la justicia a través de una consulta ciudadana cita que si bien la independencia judicial en Bolivia está consagrada en la Constitución Política del Estado, en la práctica dicha independencia está gravemente afectada, especialmente en los últimos 15 años.
Señala que se aplicó una lógica progresiva de la toma de poder, se ejecutó un proceso de desinstitucionalización.
Refiere que este proceso comenzó en 2011, con motivo de las primeras elecciones judiciales por voto popular, en las que la mayoría de 2/3 de la bancada parlamentaria gubernamental seleccionó a los postulantes a magistrados supremos, preferentemente, a partir de sus afinidades político partidarias.
Asimismo, recuerda que, en 2006, el entonces presidente Evo Morales procedió a la designación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia mediante Decreto Supremo Nº 28993 de 30 de diciembre de 2006.
Por otra parte, de manera ilegal, en 2007, se instauró un juicio de responsabilidades a magistrados del Tribunal Constitucional, por haber declarado la inconstitucionalidad del decreto presidencial que designó magistrados.
En el documento se hace mención a otras acciones que determinaron la dependencia del Órgano Judicial ante el Ejecutivo.
Agenda inicial de Relator Especial
El relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, inició su misión de trabajo con reuniones con autoridades del Gobierno.
Su visita se tiene programada hasta el próximo martes 22 de febrero.
En ese tiempo, prevé al menos 25 reuniones con diferentes autoridades, líderes sociales, representantes de instituciones y organizaciones de diferente índole.
Temprano, el representante de la ONU se reunió en Cancillería con el ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, y posteriormente se trasladó a la Vicepresidencia, donde conversó con el segundo mandatario, David Choquehuanca. /Los tiempos
