El juez décimo de Instrucción en lo Penal, Armando Zeballos, determinó ampliar la detención preventiva por tres meses más para la expresidenta Jeanine Áñez y los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, que están acusados por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración, denominado como caso golpe de Estado I. La defensa cuestionó que se siga con este proceso pese a no existir pruebas.
“Por tanto, el juez décimo de Instrucción en lo Penal, en las facultades conferidas, establece o dispone ampliar la detención preventiva de la señora Jeanine Áñez Chávez, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán por el plazo de tres meses”, señaló la autoridad jurisdiccional al final de su resolución.
Ante esta determinación, la exmandataria señaló en su cuenta de Twitter: “Me siguen castigando a gusto de mis verdugos. El caso de terrorismo no existe, nada prueban desde que me secuestraron. Soy inocente y presa política (desde) hace 11 meses. En lugar de devolver mi libertad, han ampliado mi condena por tres meses más. Sigo mi huelga contra la (In)Justicia”.
Durante la audiencia, el Ministerio Público, la Procuraduría y el Ministerio de Gobierno demandaron por separado la ampliación de entre cuatro a cinco meses, debido a que faltaban llevar adelante actos investigativos.
Asimismo, justificaron que falta tomar declaraciones a testigos e imputados, entre ellos Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, y su padre, Luis Fernando Camacho Parada; al igual que los exministros de Defensa Fernando López, de Gobierno Arturo Murillo, los excomandantes de la Policía Yuri Calderón y de las FFAA, Williams Kaliman, prófugos.
El Ministerio de Gobierno argumentó que empresas telefónicas no proporcionaron datos requeridos por medio de autoridad jurisdiccional, como Nuevatel (Viva) o Telecel (Tigo).
Ilegal
La abogada Norka Cuellar señaló que la determinación de ampliar la detención preventiva es una medida ilegal y arbitraria.
“Es una resolución totalmente arbitraria, fuera de norma, como se lo ha mencionada dentro de la audiencia, se ha apelado esta decisión. Es ilegal porque no está amparada en norma alguna existente y vigente en nuestro país al día de hoy; es más una decisión política, jurídica por supuesto que no”, afirmó.
Seguimiento
En medio de este proceso y la llegada del relator especial Diego García-Sayán, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y el Ministerio de Justicia suscribieron el “protocolo para la observación de procesos judiciales”.
Se prevé que uno de los procesos al que harán seguimiento es el que enfrenta la exmandataria Áñez, a nivel penal ordinario, además de juicios de responsabilidades que esperan su aprobación en la Asamblea Legislativa.
La huelga de hambre continúa
Jeanine Áñez mantiene una huelga de hambre desde hace 13 días ante el inicio del juicio por otro proceso, el llamado “golpe de Estado II”, referido a sus acciones cuando era segunda vicepresidenta del Senado para asumir en 2019 la Presidencia de forma supuestamente irregular, según el oficialismo, tras las renuncias de Morales y de toda la línea de sucesión presidencial.
La salud de Áñez se ha deteriorado como consecuencia de esta medida, en la que aseguró que se mantendrá al considerarse una “presa política”. “Merecería un juicio de responsabilidades, por eso estoy en el día 13 de huelga y no la voy a levantar, así me cueste la vida, pero que este sacrificio pueda servir para que otros bolivianos encuentren la justicia”, dijo.
/Los tiempos
